Poco honorable


Los escándalos envuelven a siete miembros de la legislatura provincial.
Infiltrados de los servicios militares o involucrados con el  enriquecimiento ilícito y la apropiación de tierras son sólo algunas de las acusaciones que minan la Cámara.
Por Lázaro Llorens 

“Bienvenidos a la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba”. Con ésta rimbombante frase, la unicameral de Córdoba, ámbito que refleja el sentir del electorado, se presenta en sociedad. Sin embargo, los escandalosos hechos que en los últimos tiempos envolvieron a siete de sus miembros, de diferentes extracciones partidarias, evidencian que la Honorable Legislatura de Córdoba tiene varios legisladores con ética y honor precarios. La situación lastima la imagen pública del cuerpo legislativo en su conjunto.

No es una exageración. Un legislador, Haroldo Senn (PJ), está acusado de ser un “infiltrado” de los servicios militares durante la última dictadura militar. Otros dos, Marcelo Falo (PJ) y Miguel Ortiz Pellegrini (Frente Cívico), debieron renunciar a sus bancas tras escandalosos hechos. Otros tres miembros, Augusto Varas (Frente Cívico), Pedro Ocho Romero (FPV) y Carlos Giaveno (UCR) están imputados por la justicia.  Domingo Carbonetti (PJ) está señalado por violar la ley 5805, por enriquecerse ilícitamente y por apropiarse indebidamente de un predio de 13 hectáreas, en el cual vive una comunidad boliviana.

“Esto hechos afectan al cuerpo legislativo, con consecuencias no deseadas. Me hubiera agradado que los 70 legisladores que empezaron su mandato lo concluyeran. Y que no tuvieran que padecer tropiezos, ni por la justicia ordinaria, ni por las vías políticas. Pero lo importante es que funcionen los mecanismos internos que cada poder tiene para analizar cada hecho que involucra a un legislador” comenta ante Veintitrés Horacio Birri, jefe de la bancada del Frente Cívico.

Lo propio sostiene el legislador radical Dante Rossi, quien remarcó: “Me parece que no hay un desprestigio del cuerpo legislativo sino que son casos particulares concretos. Pero es cierto que afecta fuertemente la opinión pública. Son casos muy emblemáticos, de varios partidos. Lo cual si bien no afecta a todo el cuerpo, genera descreimiento en la gente. Sobre todo porque la gente tiene resentimiento con la actividad política. Y esto no ayuda de ninguna manera a fortalecer los partidos que son pilares esenciales del sistema democrático.”

En último lugar, Daniel Passerini, jefe del bloque de Unión por Córdoba, ante esta revista sostuvo que “desde la crisis del 2001, la clase política sufre de una desconfianza social. Y siempre se apunta a la Legislatura, que es el patito feo de la política. Aunque hay que reconocer que últimamente acá hemos tenido algunos sucesos que no ayudan a mejorar esa imagen.”

Descontrol. ¿Qué pasa en la Legislatura? Nadie sabe. Lo cierto es que con la excepción de Falo y Ortiz Pellegrini, el resto de los legisladores cuestionados o imputados, sin brindar explicación alguna, permanecen en sus bancas atornillados, ocupando sensibles cargos. Repasemos:

Haroldo Senn. En octubre del 2009, en el marco de la “causa Brussa”, tramitada en los Tribunales Federales de Santa Fe, fue acusado de delatar a sus compañeros y de presenciar sesiones de torturas durante la última dictadura militar. Las imputaciones provinieron de Carlos Chiarulli, quien ante el tribunal reveló que Senn estaba en la sala cuando en 1977 lo torturaban en una dependencia de la policía de Esperanza, localidad de la cual el legislador es oriundo.

Ni bien se conocieron estas acusaciones, el bloque del Frente Cívico, solicitó el apartamiento del legislador oficialista, hasta tanto se aclarara su situación. Sin embargo, imponiendo su mayoría automática, su pedido fue rechazado por el bloque del PJ, quien dictaminó que Senn no se apartaría de Lu banca hasta tanto no se expidiese la Justicia Federal de Santa Fe.

Su vinculación en el caso no acabó allí. El año pasado, un grupo de ex-presos políticos y presuntas víctimas del accionar de Senn, con Chiarulli a la cabeza, se llegaron hasta la Legislatura cordobesa para brindar sus testimonios. Allí, Gloria Álvarez dijo haber visto, en el momento en que era secuestrada, a Senn en un auto del grupo de tareas de la dictadura. A raíz de estas nuevas incriminaciones, en diciembre del año pasado, el Frente Cívico solicitó nuevamente el apartamiento de legislador peronista. Pedido que otra vez fue rechazado por el oficialismo. Hoy Senn es miembro de la Comisión de Salud Humana.

Ortiz Pellegrini. Ex-legislador juecista.  Protagonista de uno los casos más resonantes del cuerpo legislativo, que acabó con su renuncia. Para entender la trama hay que remontarse hasta el 2002. Ese año, el ex intendente German Kammerath otorgó un aumento salarial a los empleados del transporte público, excluyendo los trabajadores de la TAMSE. Su evidente discriminación provocó la reacción de los choferes de la empresa municipal, cuya mayoría (unos 500 de 700) decidieron contratar los servicios de Ortiz Pellegrini, que por entonces no ejercía cargo público alguno, para que los represente.

Como era de prever, la causa, que escondía millonarias indemnizaciones, avanzó en todas las instancias judiciales a favor de los choferes. Los problemas se suscitaron a partir del 2007, cuando Ortiz Pellegrini fue electo legislador provincial. Cargo que asumió sin renunciar al patrocinio de los choferes de la TAMSE.

En el 2008, la Legislatura advirtió esta gravísima falta del legislador juecista, quien ante las narices de todos estaba violando el artículo 88 de la Constitución Provincial que dice, “ningún legislador puede patrocinar causas de contenido patrimonial en contra del Estado Nacional, de la Provincia, o de los Municipios”.

Comprobada su inconducta, el bloque de Unión Por Córdoba, comandado por Passerni, entabló una dura batalla, en el seno de la Unicameral, contra Ortiz Pellegrini. Quien finalmente, en octubre del 2009, acorralado, tuvo que renunciar a su banca. Tras su caída, el Frente Cívico, pretendió mostrar su abdicación como un gesto ético y digno. Sin embargo nada más alejado de la verdad. En el mismo momento en que Ortiz Pellegrini renunciaba a su banca, el juicio de la TAMSE entraba en su recta final. Con lo cual, gracias a que el ex-legislador había pactado un cobro por “cuota litis”, (porcentaje sobre cada indemnización) de unos 6 millones de pesos en honorarios, que el municipio comenzó a pagar el año pasado, lo estaban esperando en la puerta de la Legislatura. Así, entre la banca y la plata, Ortiz Pellegrini, optó por lo último.

Marcelo Falo. Otro influyente legislador que acaba de renunciar a su banca. Su debacle advino hace unos tres meses atrás, luego que se le comprobara que había librado unos 107 cheques sin fondo, por un monto que hoy trepa a los 3,2 millones de pesos.

Si bien su renuncia no se hizo esperar como la de Ortiz Pellegrini, hasta la fecha, ni Falo, ni nadie del oficialismo salió a explicar cómo un  legislador pudo librar cheques por 3,2 millones de pesos. Tampoco nadie explicó cuál era el destino de esos cheques voladores. Sobre este punto, Falo, por cuyas manos pasaron importante leyes como la cuestionada Ley de Bosques, sin dar mayores precisiones sólo dijo que lo hizo para ayudar a dos amigos. Explicación que absolutamente nadie admitió.

De esta manera, por esta emisión masiva de cheques sin fondo, Falo, miembro del Opus Dei y mano derecha del ex gobernador José M. De La Sota, ahora enfrenta cuatro juicios en la Justicia de Córdoba y otro en Justicia Federal por supuesto lavado de dinero.

Carlos Giaveno. Este legislador radical está imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público, falsificación ideológica, y abuso de autoridad en la llamada “Causa Brinckmann”. Según el expediente, estos delitos habrían sido perpetrados cuando Giaveno se desempeñaba como intendente de la ciudad de Brinckmann. La denuncia fue presentada en el 2007 por los concejales de “Alternativa Vecinal” quienes acusan al actual legislador de falsificar 54 órdenes de pago para justificar el desvío de unos 90 mil pesos que la provincia le había remitido a esa comuna, para la construcción de un teatrino y que habrían sido utilizados para otro fin.

Actualmente la causa está con pedido de elevación a juicio. “Hay suficientes pruebas para fundamentar y comprobar cada imitación” dijo el Gustavo Tevez, concejal de Alternativa Vecinal. “Hay maniobras graves y groseras que incluían tachaduras, borrones, falsificaciones” agregó. Actualmente Giaveno es presidente de la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales.

Augusto Varas. Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica y legislador por el Frente Cívico. En el 2009 fue imputado por el Fiscal Federal Enrique Senestrai por el presunto delito de defraudación a la administración pública y falsificación de documento privado. Se lo acusa de supuesta maniobras irregulares en el manejo de un subsidio de 130 mil pesos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que debía usarse para financiar un proyecto de capacitación textil en el mutual Carlos Múgica, ligada al gremialista, pero que habría sido destinado a financiar la campaña electoral de Varas.

La denuncia fue  impulsada por las autoridades de la Mutual Múgica, quienes sostienen que en el 2007, poco antes de las elecciones, los anteriores jefes de la ONG, entre ellos Carlos Aguirre, hombre ligado al líder de la UOM, habrían sacado de la cuenta de la entidad los 130 mil pesos. Al respecto, el legislador juecista, no solo nunca dio una explicación sobre el tema, sino que el año pasado se negó a declarar ante el juez. Actualmente, Varas es vicepresidente primero de la Legislatura y vicepresidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales.

Pedro Ochoa Romero. Legislador del Frente Para la Victoria. Ex-interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, cargo que abandonó con innumerables denuncias en su contra. En el 2007 fue denunciado ante la Justicia Federal, por presuntas irregularidades en la concesión de ramales ferroviarios a la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia Sociedad Anónima (UGOFE), y por las gravísimas faltas de mantenimiento que tenían los servicios de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Metrovías, empresa del grupo Roggio.

Actualmente está imputado por el Fiscal Federal Federico Delgado por incumplimientos de funcionario público, por no realizar los controles correspondientes a un grupo de operadoras de ómnibus que trasladaban sin habilitación pasajeros desde la Plaza de Constitución hacía diversos puntos de Capital y el Gran Buenos Aires. La causa tiene pedido de elevación a juicio. “Ha quedado demostrado con grado de certeza…la autoría y responsabilidad que corresponde asignarle a Ochoa Romero” aseguró el fiscal. Ochoa Romero es miembro de la Comisión de Obras, Servicios Públicos Vivienda y Transporte.

Domingo Carbonetti. Este cuestionado legislador peronista actualmente es apoderado del PJ, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Jury), y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el 2008, el senador Luis Juez lo denunció por enriquecimiento ilícito al comprobarse que en poco tiempo, su patrimonio se había incrementado de 1,2 millones de pesos a 11 millones. Denuncia que no prosperó en la Justicia.

Tras cartón, en el 2009, el Frente Cívico lo denunció por violar la Ley 5805. Ley que establece que los integrantes del Jury tienen prohibido ejercer la abogacía, algo que Carbonetti había hecho en doce oportunidades. La acusación fue rechazada por el oficialismo y derivada al Tribunal de Disciplina del Colegios de Abogados, donde el legislador tiene grandes amigos. Allí las doce causas tampoco prosperaron. Luego de una llamativa parálisis, la mayoría fueron archivadas, dos de ellas por prescripción.

Finalmente, en octubre del año pasado, se conoció que en condiciones dudosas, Carbonetti se había apoderado de un predio de 13 hectáreas, situado en la ciudad de Bell Ville, y había tratado de desalojar de él a una humilde comunidad boliviana dedicada a la producción de ladrillos. En este caso, el legislador peronista, cuya esposa Carmen Ceballos es la jefa comunal de Bell Ville, primero actuó como abogado defensor, luego como perito tasador, y finalmente como demandante. Las sospechas sobre él se acrecentaron aún más cuando se conoció que el juez que tramitó la causa, Víctor Cemborain, tiene una denuncia en Jury, por supuesto mal desempeño. Y que el martillero fue Cesar Martínez, yerno del legislador.

¿Mea culpa? Como se puede ver los casos son graves y, en algunos casos, contundentes. Aun así ninguna de las fuerzas consultadas hace un mea culpa. Con reproches cruzados, todos cuestionan la actitud de las otras fuerzas, a la vez  realzan la suya.  “Sería éticamente positivo que los legisladores cuya situación está comprometida en la justicia pidan licencia y se aparten del cargo. Por eso valoro el gesto de Haroldo Senn que ante la posibilidad de que sea mínimamente imputado, él se va a apartar del cargo. Creo que eso marca a las claras una diferencia” señaló el legislador Passerini, ante esta revista.

Lo contrario sostiene Birri, del Frente Cívico. “No todos los casos son iguales. Donde no tengo ninguna duda que debiera haber un paso al costado es en el caso del legislador Heraldo Senn como consecuencia de la gravedad institucional de los hechos que se le imputan. En otros casos será necesario aguardar la resolución de la justicia. Porque hay muchas denuncias que se investigan por parte de la justicia que tiene indicios de verisimilitud muy limitada.”

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