¿Cultura o “cooltura”?

Bloque de En El Ojo de la Tormenta, el programa de Indymedia Córdoba, por FM 99.5 Zumba la Turba, donde Silvina y yo expusimos sobre la lucha contra el proyecto de ley para crear un Instituto Muncipal de Cultura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivoox.com/bloque-4-en-ojo-tormenta_md_1167780_1.mp3″

 

 

http://www.ivoox.com/bloque-5-en-ojo-tormenta_md_1167789_1.mp3″

De la Cultura como derecho a la Cooltura como negocio

 Artículo escrito por Sil ((i)).

La cultura de la ciudad de Córdoba se encuentra en una encrucijada apremiante. Desde la gestión municipal de Ramón Mestre, a través de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad a cargo de Pancho Marchiaro, se está impulsando la creación de una fundación llamada Instituto Municipal de Cultura que vendría a reemplazar a la Secretaría estatal y a abrir la puerta para que entes privados definan las políticas culturales y el manejo de los recursos públicos del área. El proyecto de creación de la fundación se encuentra en el Concejo Deliberante –donde tiene mayoría el oficialismo radical- y cuenta con orden de preferencia para su tratamiento, por lo que será votado el 19 de abril. La urgencia de exigir un debate abierto y participativo en torno a la gestión cultural local está alcanzando su pico más alto. Y no hay demasiado tiempo.

>>> Un proyecto veloz y silencioso

A fines de marzo, lxs empleadxs de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba se enteraron -de modo informal  y por un trascendido que se filtró a través de un concejal-  que se había presentado  en el Concejo Deliberante un proyecto de creación de una fundación denominada Instituto de Cultura Municipal que supliría las funciones de la actual Secretaría. El Proyecto de Ordenanza 352946/12 Concejo Deliberante  3621-E-12 (Fundación “Instituto Municipal de Cultura”) ingresó al Concejo Deliberante el 6 de marzo y no hubo ningún comunicado que informara -a lxs empleadxs del área de Cultura de la Municipalidad y a la sociedad cordobesa en general – acerca de su existencia. Luego de que lxs empleadxs comenzaran a informarse, asesorarse y movilizarse para exigir la modificación de este proyecto, la Secretaría de Cultura decide abrir espacios de diálogo y pospone el tratamiento en el Concejo Deliberante que tenía como fecha prevista el 23 de marzo. En la actualidad se están llevando a cabo estos espacios de debate -en el Cabildo histórico de la ciudad- con distintos sectores pero sólo están autorizados a participar  lxs empleadxs municipales y/o personas vinculadas al área de cultura de la muncipalidad, hecho que, en un claro gesto de cierre de la discusión, resta protagonismo a todas aquellos sectores vinculados a la cultura cordobesa  no estatal.

El proyecto cuenta con orden de preferencia para su tratamiento por el Concejo Deliberante, lo que significa que existe una urgencia por parte del gobierno en torno a su inmediata aprobación con fecha definitoria para su votación el 19 de abril. Teniendo en cuenta que en dicho Concejo la mayoría es oficialista, la aprobación del proyecto sería casi una certeza a futuro. Desde la oposición y desde los sectores movilizados se está exigiendo que se retire ese orden de preferencia y que el proyecto vuelva a comisión para ser discutido, debatido, modificado  y analizado en profundidad por todos aquellxs involucradxs en la cultura de la ciudad; por lo que  dicho proceso sólo puede realizarse sin la velocidad impuesta desde la gestión municipal. El jueves 12 de abril, sería la sesión previa al tratamiento y la última oportunidad de que los sectores que se oponen a la creación del Instituto Municipal de Cultura puedan frenar la intervención de manos privadas en la cultura estatal.

¿Fundación o fundición?

El proyecto en cuestión plantea que el estado, en este caso la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, más precisamente, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad crearía una fundación  para que desarrolle toda una serie de actividades relacionadas a la vida cultural de la ciudad. Es en este punto que se observa una clara superposición de capacidades y atribuciones con la Secretaría de Cultura municipal.

Superposición que, a la vez, mantiene algunas diferencias con el organismo actual de Cultura. Diferencias para nada sutiles que despiertan suspicacias y dudas.

El proyecto de ordenanza tiene puntos poco claros y otros puntos, claramente tendenciosos. En primera instancia, esta fundación estaría dirigida por un Consejo de Administración que estaría presidido por el secretario de Cultura, un secretario, un tesorero y entre tres y nueve vocales, todos ellos designados por el Departamento Ejecutivo Municipal. Todos, a la vez, cumplirían sus funciones ad honorem.

Este Instituto además de definir políticas públicas, tal como lo establece el estatuto “podrá recaudar y administrar las sumas en concepto de entradas provenientes de la realización de cursos, cursillos, conferencias, espectáculos y otras actividades culturales, venta y publicidad de la guía cultural de Córdoba y otras publicaciones”. Actividades todas que podrán ser desarrolladas en dependencias de la Municipalidad, usando la infraestructura estatal, sin tener que someterse a auditorías públicas, ya que el mismo proyecto plantea que el control de dicha fundación no pasará por el tribunal de cuentas municipal, sino por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.  Este punto es realmente grave ya que el estado será la principal fuente de fondos para la creación de dicha fundación, pero paradójicamente no podrá acceder al control ni fiscalización de sus ingresos. Al mismo tiempo, el proyecto no especifica de cuánto dinero será el aporte municipal para la creación de la fundación Instituto Municipal de Cultura. Por si no quedo claro: el estado pone dinero para crear esta fundación, no sabemos cuánto dinero, y a la hora de las ganancias, no podrá controlar cuánto dinero ingresa a dicha fundación.

A lo largo de todo el proyecto tampoco se menciona qué nivel de independencia tendrá la fundación respecto de la Secretaría de Cultura y, en definitiva, cuáles serán sus funciones y tareas.

Como si esto fuera poco, tal como lo plantea el proyecto “Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación tendrá plena capacidad legal. Podrá comprar, vender, transferir, gravar, locar, o administrar toda clase de operaciones con bienes muebles, inmuebles, títulos valores, acciones y todo otro bien de cualquier naturaleza que fuere”, así también “podrá ceder, comprar y vender, permutar, dar y aceptar donaciones y cualquier otra forma de contratar”. Este punto del proyecto también es foco de repudio ya que no queda nada claro si esta Fundación podría disponer de la venta o alquiler, por ejemplo, de estructuras públicas. La no claridad del proyecto va en aumento a lo largo de todos sus artículos.

Otro apartado menciona que, el Instituto, se reserva la facultad de “celebrar contratos con particulares (…) de cualquier parte del país o del extranjero”. Esto significa que esta fundación podría establecer contratos laborales con empleados. El dato es alarmante ya que si tenemos en cuenta los antecedentes de Marchiaro en el Centro Cultural España Córdoba o las experiencias del Cineclub Municipal Hugo del Carril, dichos contratos podrían estar signados por la precarización laboral disfrazada tras el velo de becas o pasantías.

Otro artículo del proyecto hace referencia a que el Instituto queda autorizado a “percibir sumas en concepto de apoyos provenientes del sector privado, el tercer sector, el ámbito académico y la cooperación internacional, como así también contribuciones voluntarias de la ciudadanía”. Este punto ha sido fuertemente criticado como el artículo clave a la hora de reflejar la retirada del Estado a la hora de garantizar el acceso de la cultura como un derecho de todxs lxs ciudadanxs cordobeses. Que el Estado no decida invertir  fondos para políticas públicas culturales repercute necesariamente en un detrimento del acceso democrático a la cultura por parte de todos los sectores de la sociedad. Y, por otra parte, tampoco queda claro qué papel desempeñarían aquellos representantes de aportes privados.

Por último, el proyecto cierra con un artículo preocupante que sostiene que “La Fundación podrá disolverse por la decisión de dos tercios de los miembros del Consejo de Administración. En caso de resolverse la liquidación, se nombrará una comisión liquidadora, integrada por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Cultura, la que en un plazo máximo de seis meses deberá pagar todas las deudas de la Fundación y destinará el remanente de los bienes a entidad de bien público” En resumidas cuentas se plantea  que esta fundación se puede disolver por decisión de sus propios miembros, pero la Municipalidad -en un plazo de 6 meses- deberá hacerse cargo del pago de todas las deudas que haya contraídas por dicha fundación Instituto Municipal.

Marchiaro, en su recientes apariciones mediáticas,  aparte de defender la creación del Instituto, afirma que esta Fundación también estaría abocada a realizar estadísticas, a sistematizar información, a construir teoría y que tendría un perfil un tanto académico para poder llevar a cabo investigaciones necesarias a la hora de desarrollar políticas públicas. Lorena Machuca, actual empleada de la Secretaría de Cultura, en diálogo con Zumba la Turba, sostuvo que lxs empleadxs no se oponen a que este tipo de actividades se lleven a cabo, sino que les gustaría saber desde qué estudios previos el Secretario de Cultura diagnostica que esto no puede ser realizado desde la actual Secretaría Municipal – en convenio con Universidades públicas o privadas, Institutos terciarios, etc.-  sino que se considera necesario la creación de la fundación para el avance en este tipo de actividades. Por otra parte, en el proyecto se sostiene que lxs empleadxs municipales sufren una profunda des-capacitación fruto de muchos años de desinversión en el área de cultura. Ante esto lxs empleadxs municipales no desconocen la falta de recursos a la hora de las instancias de capacitación estatales, sino que al contrario, reconocen que sería necesario un aumento en los fondos destinados al área de cultura para suplir estos baches que arrastran desde hace varias gestiones municipales.

Claramente, todas estas medidas nucleadas en este proyecto de ordenanza significarían, en la práctica,  una avanzada privatizadora de  las políticas culturales municipales.

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