Juez Junyent Bas sobre la reforma del Código Civil: “Tiene artículos anti-constitucionales”

El fiscal de la Cámara Civil y Comercial dijo que el proyecto “ignora los derechos de los más vulnerables”. También declaró que los artículos referidos a las comunidades aborígenes ignoran la cultura de los mismos.

A fines de septiembre de este año, se cumplieron 143 años de que se aprobará el Código Civil, redactado por Dalmacio Vélez Sarfield. Tiene el doble de artículos que el proyecto de reforma que propone el Gobierno Nacional, en el cual se unifica con el Código Comercial. El debate queda expuesto a nivel nacional.

La palabra de un juez puede caer en la densidad pesada de sus lecturas, a partir de su detallismo gramatical guiado por lo detallado y lo preciso, prestando atención a cada coma. Pero a veces, ofrecen su panorama bajo una línea que intriga y que atrapa. Por lo menos uno.

El nombre de este juez es Francisco Junyent Bas. Es fiscal de las Cámaras Civiles y Comerciales de Córdoba. El 4 de septiembre pasado, recibió el Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de San Pablo de Tucumán por su trayectoria. Y el jueves pasado, participó de las audiencias públicas que se desarrollan a nivel nacional sobre el proyecto propuesto desde el Estado. En su caso, participó de la exposición que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba.

Ideas Casi Principales tuvo la posibilidad de entrevistarlo en persona para conocer su particular posicionamiento, luego de haber hecho lectura de los 2.671 artículos del proyecto, según sus propias palabras.

Denuncia sobre la falta de explicación de la propuesta del propio articulado. Y se focalizó en dos problemas particulares. Por un lado sostiene que la reforma está apegada a la coyuntura globalizadora que ningunea los denominados “micro-daños”. Y por el otro, el ninguneo de la misma hacia las culturas indígenas.

Y según sus propias palabras, fijó en el cierre de esta entrevista su punto que generaría más polémica: “La aplicación de algunos artículos serían anti-constitucionales”.

– ¿Cuál ha sido su conclusión general, después de haber hecho la lectura de los 2600 artículos?

En general puedo decir que la reforma es un enorme esfuerzo. Hecha por los ciento y pico de juristas. Pero, precisamente, por haber hecho este trabajo de manera celular tiene incoherencias en su articulación. Y carece de la adecuada fundamentación.

Un mérito indudable del código de Vélez Sarfield fueron todas las notas que permitieron entender cuál era el alcance y sentido de cada uno de los artículos: cuando seguía al código de [Brasil hecha por Augusto Teixeira de] Freitas, cuándo seguía sl Código Francés, y cuándo seguía otra resolución y porqué se apartaba. Esto facilitó enormemente la tarea de la judicatura. Este proyecto no trae ninguna nota.

– ¿Qué tiene de malo que el proyecto no contenga esas notas?

A las notas las suplanta un mensaje general que es absolutamente insuficiente, porque la generalidad, por más que haga referencia a los institutos, no permite entender cuál es el origen o cuál es el sentido que esa norma tuvo, ya sea en la jurisprudencia argentina o en la doctrina extranjera de la cual fue extraída para incorporarla a esta nueva compilación. Y nada menos que cuando se trata de un Código Civil y [enfatiza] Comercial, que va a regular tanto relaciones familiares, personales, como las relaciones patrimoniales, que no este justificado cada uno de los artículos es absolutamente incomprensible.

– Además usted expuso críticas más puntuales al proyecto, ¿cuáles fueron?

Lejos de responder este Código a la ideología que proclama el Gobierno Nacional, por ser quien elevó el proyecto para su aprobación, ignora lo que en el discurso oficial dice. Ignora los derechos de los más vulnerables como son los consumidores al haber eliminado la categoría de los derechos individuales homogéneos. En una palabra, valida los micro-daños, que son propios de una sociedad globalizada.

En una sociedad de este tipo, ¿cuál es lo más grave? Los micro-daños, aquellos en los cuales nadie va a poner por obra un aparato judicial, porque es muy costoso, muy lento, muy burocrático. Y que necesitamos de acciones colectivas y de que estén legitimados el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público Fiscal. Eso ha sido eliminado del Código, lo cual es absolutamente inadmisible y desmiente el discurso a favor de los más vulnerables que hace a favor el Gobierno.

– También ha criticado la parte que habla de los derechos de los pueblos originarios.

Nuevamente seguimos ignorando que las comunidades aborígenes no son una persona jurídica de derecho privado, como dice el proyecto, sino que es una persona jurídica de derecho público o para-estatal: que tiene sus propias costumbres, sus propios lenguajes, sus propias autoridades. Por ende no es un problema de dominio solamente de su propia tierra, sino que hace a toda su idiosincrasia como minoría que es anterior incluso al código de Vélez Sarfield.

Y que de una buena vez tenemos que reconocerlo, respetando lo que ya dice la Constitución de la Nación Argentina. Porque si así se sancionaran esos artículos serían inconstitucionales por violar la propia Carta Magna nuestra.

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