Vecinxs del Bordó contra la especulación inmobiliaria

A mediados de esta semana, se realizó una manifestación en la intersección de Colón y Zipoli, en repudio a un emprendimiento de GNI. Los autoconvocadxs señalaron que en esa zona, se pretende relocalizar las casas para dar paso a la construcción de edificios. Esto es a partir de una publicación de La Voz del Interior, en donde señala que los departamentos tendrían una altura que excede a lo permitido por ley y que, por ende, la empresa realizará un pago de 2,5 millones de pesos a la Municipalidad de Córdoba como compensación. Informe audiovisual de Colectivo Malaprendidxs + Comunicado de los habitantes del barrio.

Comunicado de los vecinos y vecinas de barrio “El Bordo” ante una nueva amenaza de GNI desde el diario La Voz del Interior (Lunes 15 de Octubre).

En la edición del diario La Voz del Interior del 12 de Octubre de este año, encontramos una nueva nota cuyo mensaje amenaza directamente a nuestras familias. El texto se refiere al anuncio de obras del Grupo de Negocios Inmobiliarios (GNI). Estas obras consisten en cuatro torres con 560 departamentos y 650 cocheras, que serán levantadas en terrenos de nuestro barrio. El diario, vocero de las empresas inmobiliarias, sostiene en uno de los párrafos algo que resulta una violencia inmensa para nuestras vidas: “Los edificios tendrán una altura de 70 metros; el exceso de metros en altura en relación a la normativa será pagado a la Municipalidad (el monto se acerca a los 2,5 millones de pesos), con lo que se financiarán mejoras a los alrededores como la consolidación de calles y reubicación de viviendas.”

En primer lugar, queremos manifestar nuestra indignación ante la complicidad entre el Estado y las empresas. Somos varias generaciones de familias trabajadoras que vivimos hace 50 años en este barrio nuestro; lo que tenemos lo construimos nosotros, los servicios nos los proveímos nosotros mismos y nosotros mismos hicimos las gestiones para pagarlos. El aporte del Estado a la urbanización y la mejora de la calidad de vida en el barrio fue mínimo durante medio siglo. Pero ahora, cuando nuestros terrenos se valorizan y una empresa inmobiliaria quiere construir, entonces es legítimo violar las normas municipales, entonces sí se pueden abrir calles y asfaltarlas, entonces sí se pueden mejorar los servicios. Nuestro barrio no tiene 2,5 millones de pesos para comprar los derechos que nos fueron mezquinados todo este tiempo. Nuestro barrio tiene derechos que deben ser garantizados por el Estado y no por el soborno de una empresa inmobiliaria para violar la normativa municipal. Tenemos memoria y no somos ingenuos cuando vemos al Estado tan predispuesto a apoyar y asociarse con los desarrollistas.

En segundo lugar, queremos denunciar lo que es una amenaza abierta y ampliamente difundida contra nuestras familias. El diario nos dice que entre las mejoras que se garantizarán con los 2,5 millones está la reubicación de viviendas ¿Qué otra cosa tenemos que entender que no sea la amenaza de un desalojo? A los vecinos que habitamos las casas que serían trasladadas nunca se nos informó esa posible “reubicación” de nuestros hogares. Nos enteramos de la noche a la mañana, a través de La Voz del Interior, que una empresa millonaria le va a pagar a la municipalidad para que traslade a nuestras familias a vivir a otro lugar. En una nota anterior del mismo diario,2 el titular de GNI sostenía que un próximo plan se podría extender a terrenos colindantes. En esos terrenos hay hogares que están de pie hace décadas, somos 90 familias que fuimos y somos invisibilizadas, ignoradas por quienes deciden la posibilidad de construir en nuestras tierras. Nos sentimos atacados por esta disposición sobre el barrio que habitamos, tomada por personas extrañas y ajenas a nuestra comunidad. Nos sentimos atacados por la naturalidad con la que somos excluidos de las decisiones de urbanización de nuestro barrio. Nos sentimos atacados porque se habla de nosotros como si no existiéramos. Pero existimos y podemos defendernos.

En un comunicado anterior denunciamos el desalojo de familias realizado por la empresa textil Bando a través del pago de una mínima suma de dinero. Ahora prometen mejoras, como si éstas fueran un favor y no un derecho como realmente lo es. No estamos dispuestos a que nos extorsionen de esta manera, no estamos dispuestos a que jueguen con nuestras necesidades para intentar expulsarnos. La vida digna la queremos tener aquí donde nacimos, y es responsabilidad del Estado garantizar que podamos desarrollarnos como elegimos. No podemos aceptar “reubicaciones” ¿A dónde nos van a trasladar? ¿Lejos de nuestras escuelas, de nuestros lugares de trabajo, de nuestras familias y amistades, lejos del lugar donde nos criaron nuestros padres, lejos de la tierra sobre la que edificaron nuestros abuelos?

El Estado en todos sus niveles tiene que encargarse de garantizar nuestros derechos independientemente de que haya o no construcciones inmobiliarias millonarias de por medio. El Estado tiene que llamarnos a nosotros a discutir el trazado de nuestras calles, la instalación de servicios, la normativa de altura, todas las mejoras de vivienda y vida que necesitamos. Somos hombres, mujeres, niños y niñas que nacimos en este barrio, vivimos en este barrio y nos vamos a morir en este barrio. Si alguien tiene que transformar este barrio somos nosotros.

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