Otro paso de “un país normal” para un “capitalismo en serio”

La aprobación reciente de la nueva ley de ART será recordada como uno de los tropiezos conservadores del kirchnerismo, como así también la ley anti-terrorista.

Foto extraída del portal web de Daniel Filmus, en donde tenía transcrito la nueva ley de ART.

“Estamos haciendo un país normal. (…) Ningún trabajador puede estar en contra de esta ley”, dijo Agustín Rossi durante su intervención.

Hay una cierta comodidad indiscriminada a la hora que tiene el kirchnerismo para ocupar su lugar en el plano ideológico. El “kirchnerismo líquido” se diluye de un costado a otro. Desde la proclama que dio la presidenta por un “capitalismo en serio”, su praxis ha pasado por una tajante que fluye a la derecha. Exceptuando situaciones concretas, como la protección del peón rural, la propuesta del voto a los 16 y la semi-más-una-recuperación de YPF, el oficialismo nacional se ha metido en una tendencia apegada al conservadurismo. La ley anti-terrorista es el inicio parlamentario, su apoyo explícito a la mega-minería y a Monsanto es la tomada de pelo en formato televisivo. Y ahora, la nueva ley de ART es el final momentáneo de esta corriente.

El proyecto se denomina “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. Así de largo el título, pretende reemplazar la actual ley, apegada a su contextualidad menemista y cuestionada por la Suprema Corte de Justicia desde el año 2004. Cuenta con las firmas de Juan Abal Medina y el eterno ministro de trabajo Carlos Tomada. Recién fue aprobado por la Cámara de Diputados con 139 votos afirmativos. Omar Plani, Facundo Moyano y Jorge Rivas votaron en contra, mientras que Héctor Recalde se abstuvo. Salvando estos cuatro, el proyecto contó con el apoyo del kirchnerismo y el PRO.

El proyecto, que solo le falta el OK de la presidenta para convertirse en ley, tiene dos puntos sintéticos. La primera, incrementa un 20 por ciento los reparos indemnizatorios para daños laborales. Y la segunda, elimina la “doble vía”, en donde el trabajador dañado podía recibir dicho beneficio y, luego, emprender un juicio contra el patrón. Ahora, con la nueva ley ya no serán acumulables. Deberá elegir una o la otra.

Durante el debate de ocho horas en la cámara, las fuerzas sindicales salieron a las calles a protestar contra su aprobación. El dirigente líquido (y liquidado) Felipe Solá escribió en su Twitter: “¿Por qué tenemos que sesionar en un Congreso vallado y lleno de policías? Hay traste sucio por la ley y miedo a los laburantes en la calle”.

A pesar de que el diputado Agustín Rossi, durante el cierre del debate, señaló que no todas las centrales de trabajadores están en contra, el proyecto fue repudiado por las dos CTA. Según la Agencia de Noticias Paco Urondo, que consiguió el testimonio de ambos líderes sindicales, el oficialista Hugo Yasky señaló que se trata de una “ley corta” y que se “primó la lógica de los empresarios”. “Tiene un aspecto positivo que se actualizan y se establece una escala de movilidad. Pero no dice nada sobre el tema de prevención e incorpora un tema muy conflictivo como es inhabilitar el fuero laboral para los juicios que tengan que ver con accidentes de trabajo. Es un retroceso muy importante”, señaló. Mientras que Pablo Michelli declaró que van a recurrir a la Suprema Corte “porque ya ha fallado en contra de la ley que rige actualmente, la ha declarado inconstitucional y con mucha más razón va a declarar inconstitucional esta”.

Artículo número 4, segundo párrafo: “Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables”.

“Si el trabajador opta por cobrar la indemnización ofrecida por la ART, renunciando a la posibilidad de iniciar un juicio, el pago deberá hacerse efectivo 15 días después de que se haya fijado el monto de la incapacidad por lo que se aceleran los tiempos de cobro. (…) De este panorama se puede inferir que el trabajador que no posea los ahorros necesarios para sostenerse mientras se desarrolla un proceso judicial, deberá conformarse con lo que las ART le ofrezcan. Los cambios que implican denegar la vía judicial, benefician a los empresarios afectados por estos procesos y, a cambio, se elevan los montos de las indemnizaciones, se actualizan bianualmente y se aceleran los pagos de los trabajadores afectados”, señaló Juan Duarte, periodista de FM Sur 88.3 y especialista en cuestiones gremiales.

Para Rossi, “no es que se elimina la doble vía. Fortalece una vía, la administrativa, que es el pago único”. Curiosamente, una argumentación parecida a la editorial del diario hiper-oficialista La Nación, del lunes pasado: “el proyecto mejora la protección económica de los trabajadores frente a infortunios laborales, además de permitirles cobrar la indemnización al contado y no en forma de rentas. Y genera más certidumbre de cobertura para el empleador y el asegurador.”

El secretario de Salud Laboral de la CTA de Michelli, Jorge Yabkowski, no tembló en resaltar lo siguiente: “El proyecto de Ley de Riesgos del Trabajo es, en lo laboral, lo que la Ley Antiterrorista es en el plano de las libertades civiles. Ambas son normas que están lejos del ‘avance insuficiente’ y marcan un claro retroceso”. Y, además, agrega: “La persistencia de entidades financieras con fines de lucro como agentes del sistema ratifica la visión que impusieran Cavallo y la Fundación Mediterránea en los ’90”.

Es por eso que la clase laboral más combativa no duda en reclamar la eliminación definitiva de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, islotes que naufragan en los torrentes del mercado, a costa de los riesgos de salud de los obreros.

Durante la intervención de Victoria Donda, cuando anunciaba en su tramo final que esta ley era un retorno a las “alianzas neoliberales”, fue silbada desde los palcos. “Silben lo que quieran, ustedes aprobaron la ley anti-terrorista”, replicó.

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