Masacres ferroviarias, con gusto a ferne´

Las conexiones “cordobesistas” en la crisis ferroviaria. El fantasma de Jaime y los Roggio.

Policía Federal tratando de salvar a los heridos en la tragedia de Once. Foto: Télam.

Policía Federal tratando de salvar a los heridos en la tragedia de Once. Foto: Télam.

Por Lea Ross (@LeandroRoss)

Dos tragedias encaminadas a un sendero judicial. La recta final del juicio por Mariano Ferreyra se establece con la proclama de los alegatos exigiendo perpetua a Pedraza. Y hace poco, el juez Claudio Bonadío anunció la causa por el juicio a la tragedia de Once, sin fecha y con 28 imputados, entre ellos los ex secretarios de transporte, Schiavi y Jaime. Dos tragedias enmarañadas en un modelo sobre vías que llevan al infierno.

Cuando el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, fue declarado “huésped de honor” por parte de la gobernación de Salta, durante los festejos del reciente feriado nacional en plena tierra salteña, fue abucheado y silbado por agrupaciones kirchneristas. Por ese motivo, en Twitter mediante, una agrupación delasotista respondió lo siguiente: “A la barrabrava le preguntamos: ¿por qué no silban a la presidenta que es la responsable de la tragedia de once?”. Y continuaron: “Sra. Presidenta, Ud. es la responsable política de tragedia de Once. 10 años de administración corrupta y fraudulenta terminan en muerte”. Quizás La Militante deba conocer un poco los toques cordobesistas de la crisis ferroviaria.

Ricardo Jaime, ingeniero agrimensor y nacido en Villa María en el año en que fue derrocado Perón, realizó varias migas con Néstor Kirchenr al viajar a Santa Cruz, durante su gestión como gobernador. Luego de acompañarlo en Santa Cruz, se fue a hacer política en Córdoba en 1999. Fue elegido por De la Sota para ser vice-ministro de educación. Luis Juez había denunciado que Jaime y el secretario gremial de docentes de aquel entonces, Walter Grahovac, habían acordado manipular los llamados a concursos para que entraran punteros políticos.

Luego, en 2003, Kirchner lo elige como secretario nacional de transporte. Ambos emprenden la creación de la UGOFE, una empresa mixta de la mano del Estado y de las corporaciones TBA (de los Cirigliano), Ferrobías (los Romero) y Metrovías (grupo Roggio, concentración empresarial cordobesa). La finalidad sería mantener en funcionamiento algunos de los trenes más importantes de Buenos Aires.

Además, Jaime tenía planes para el transporte en Córdoba: tenía pensado privatizar la TAMSE. Dicha empresa había emergido  en 2002, en pleno debacle al neoliberalismo, quitándole la concesión a UTE y dejar que el Estado se encargase de las unidades. El secretario de transporte no sólo quería privatizarla, también que los colectivos estuvieran a cargo del Grupo Plaza, pertenecientes a los Cirigliano de TBA.

A su vez, se acusa a Jaime de haberse apoderado de los medios cordobeses LV2 y La Mañana de Córdoba en 2009, mediante la venta de los mismos a una empresa llamada Delome S.A. Para Oyarbide, Delome “pertenecería a Jaime o a su entorno y es usada como pantalla para ocultar la verdadera propiedad”. Cuando en 2010 fueron descubiertos los e-mails que escribía la mano derecha de Jaime, Manuel Vásquez, se descubrió que Vásquez mantenía un intercambio con Gustavo Bastos, operador de De la Sota y cuyo sobrino, Omar, estaba a cargo de la dirección de ambos medios. También se encontraba metido Fernando Aimaretto, actual funcionario de difusión del gobernador cordobés, y que debido a la pelea con el kirchnerismo, el microtelevisivo Telecampo del que es dueño, dejó de transmitirse en los SRT. En aquel 2009, con una enorme crisis laboral en la radio, el diario La Mañana mantuvo una línea editorial crítica a Luis Juez (en aquel entonces, principal opositor al kirchnerismo) y al Grupo Clarín, cuando ya se enfrentaba al Gobierno Nacional, y se abstenía de criticar al gobierno provincial.

El descarrilamiento del tren Sarmiento, ocurrida el 22 de febrero de 2012, llevó a TBA de los Cirigliano bajo la lupa. Tres meses después, los contratos de la empresa quedarían rescindidos y el Sarmiento quedaría a cargo de UGOFE, o sea los Romero y los Roggio, éstos últimos responsables empresariales del asesinato del joven Ferreyra.

El Grupo Roggio lleva todo un siglo de existencia. Realizó negocios en la Dictadura de Videla para armar el Estadio Chateaux, creció durante el menemismo y aportó fondos para la campaña del PJ de Córdoba, con Eduardo Mondino para las legislativas.

Durante el funcionamiento de UGOFE, Roggio-Metrovías recurrió a empresas para tercerizar servicios. Uno de ellos fue una cooperativa que fundó José Pedraza, jefe sindical y acusado de autor intelectual de la masacre del 20 de octubre de 2010. Con las tercerizaciones los despidos serían indelebles, el reclamo y los apoyos a las reincorporaciones también. En ese marco, la patota sindical asesina al militante de 23 años del Partido Obrero.

Curiosamente, una semana antes de que Julio de Vido anunciara el traspaso del Sarmiento a la UGOFE, Metrovías (que en aquel entonces controlaba los subtes de Buenos Aires) fue denunciada por Diego Bossio, titular del ANSES, por la contratación de tercerizadas de servicios para dichos transportes por pertenecer también al Grupo Roggio.

Todo esto gira alrededor de los subsidios, donde Jaime fue el regulador de las circulaciones. El Estado aportó a las empresas 4.300 millones de pesos en 2010 y 6.551 millones de pesos en 2011. Esos pesitos no evitaron la muerte de 51 personas, una por nacer y 789 heridos, calculado por la denuncia. En el fallo judicial por la tragedia del Once, se acusa a los Cirigliano de gastar fondos en viajes de estadía a distintos países, hoteles y gastos en el período 2010-2011 que rondarían los 197.000 pesos, “erogaciones estas que no se justificaban en la explotación del servicio de las líneas Sarmiento y Mitre”, según dicta el documento del poder judicial. Mientras que el delasotista K, Ricardo Jaime, y otros funcionarios, se los acusa de “no realizar las acciones mínimas necesarias para corregir o impedir el accionar de los accionistas, directivos y gerentes que controlaban el servicio”.

Cuando se anunció la privatización de la empresa Aguas Cordobesas al Grupo Roggio, el ente había creado un spot televisivo refiriéndose que el acuerdo consistía en una venta “haciendo que el 80 por ciento del capital sea netamente cordobés”. Y lo que es corbobe’ siempre e’bueno.

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