Después de “200 años”, ya hay datos oficiales del conflicto de tierras

(ECOS Córdoba) Por primera vez, el Estado Nacional hizo un relevamiento sobre ésta problemática a nivel nacional. Se tratan de datos provenientes del año 2011.

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El Ministerio de Agricultura presentó un informe sobre la problemática de la tierra. “Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores de familiares en la Argentina” es el título oficial. El trabajo estuvo dirigida por Karina Bidaseca.

Se trata del primer informe oficial de este rango, realizado por el Estado Nacional. “A más de 200 años de la Revolución [de Mayo], recién hoy estamos realizando un relevamiento de la propiedad de la tierra que busca poner un freno a las especulaciones financieras internacionales sobre las tierras nacionales”, señala Emilio Pérsico, subsecretario de Agricultura Familiar. “Ningún país que defiende su soberanía puede abandonar su territorio. Hoy contamos con 250.000, y el desafío es llegar al millón de campesinos”. Además señala que más de 60.000 familias tienen “complicaciones de dominio sobre las tierras que trabajan” a nivel nacional.

El estudio incluyó un relevamiento de campo que permitió registrar un total de 857 situaciones problema en todo el país, abarcando una superficie del territorio nacional del orden de 9.293.233,80 hectáreas que afectan a 63.843 familias de agricultores familiares”, señala el informe.

El 77,6% de los poseedores chequeados tienen más de 20 años de posesión. Por ende, según consta el relevamiento oficial, cumplen con el lapso de tiempo establecido para pedirle al Estado el reconocimiento de sus derechos posesorios. Sin embargo, un 87% tiene problemas para lograrlo. Casi la mitad, un 49%, de las tierras en disputa son privadas, mientras que un 34% son fiscales; la mayoría provinciales y municipales.

La cuestión de los títulos (18,25%), usurpaciones (8,95%) y despojos (8,15%) son las principales problemáticas de tierras reveladas por el Estado Nacional.

Un dato importante que arroja este estudio, a nivel general, es que los recursos para los costos de todos los procesos (judiciales y no judiciales) que generan las problemáticas de tierras son aportados mayormente por las propias comunidades y le siguen en segundo lugar, las organizaciones de base (campesinas, indígenas, etc.)”.

La provincia de Córdoba ha sido revelada con el mayor nivel de conflictividad en cuanto a números revelados. Un total de 69 en el 2011, lo que abarca un 8,10 por ciento del total, seguido por Misiones y Santiago del Estero. Sin embargo, aclara el informe, estos datos no revelan necesariamente la magnitud de problemas de tierras de cada provincia como tampoco lo hacen la cantidad de familias, donde dos provincias, Misiones y Salta, concentran más del 50% de las afectadas.

Además, un 52,3% de los casos se registran amenazas o presiones de desalojo, esto es: acciones no judiciales, de amedrentamiento para presionar al abandono de las tierras, llevadas adelante en general por la contraparte en el conflicto con presencia o no de grupos parainstitucionales (guardias blancas es decir civiles contratados especialmente para ello), de fuerzas de seguridad y/o funcionarios estatales”.

Un dato interesante, que aporta el informe, es la participación de las mujeres: el sector femenino abarca un 80,5%. “Sin embargo, al momento de indicar en qué tipos de actividades, la información es muy limitada y poco específica. Predominan las aseveraciones que indican que participar es acompañar al hombre”.

Sobre las explicaciones del porqué a estos conflictos, el informe asegura que “el agro en la Argentina ha sido escenario de profundas mutaciones desde la década de los años ´70, complejizado por las reformas estructurales y la desregulación de los mercados –a partir de 1991– y la liberación de los cultivos transgénicos (soja) en 1996”. Es decir que dicho “modelo comportó un intenso ritmo de innovación tecnológica, la demanda de nuevos requisitos de capitalización, y cambios en las relaciones estructurantes de las empresas agropecuarias (separación de la propiedad de la tierra de la gestión y conducción del proceso productivo; tercerización de labores; nuevas modalidades organizativas ‘tranqueras adentro’, profesionalización de la gestión, etc.); tales transformaciones han incidido de manera definitoria en las dinámicas de los pequeños productores”.

Por otra parte, los problemas de tierra se han intensificado con el gran crecimiento que registra la mega minería, el desarrollo del turismo y los procesos de patrimonialización”, aclara el relevamiento.

Informe completo aquí.

 

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