(ECOS Córdoba) La ciudad de Córdoba permanece en vilo sobre la propuesta de secuestrar caballos a los carreros. ¿Iniciativa con “mirada social” o criminalización “indirecta” a la pobreza?
Por Lea Ross (@LeandroRoss).
“Hubo un tiempo en la Argentina, en donde tener un caballo era algo sagrado. Un lujo al que casi únicamente los ricos podían acceder. Décadas después, parecería ser todo lo contrario. Tener un caballo es moneda corriente. Como si poseer un equino fuera lo mismo que tener un gato. Todos podemos tenerlo. 500 kilos, 1,75 en altura promedio y una fornida musculatura no hace la diferencia. Tener un caballo hoy es tan usual que su condición de ser parece perdida. Actualmente, en Argentina, como en otros países de Latinoamérica, tener un caballo pareciera haberse transformado en un objeto de uso o de descarte, que no siente, que no vive, que no existe”. Ésta introducción, leída por el actor Nicolás Pauls, se une con una serie de fotos de caballos maltratados, muertos o descuartizados. Luego, aparece una serie de palabras: “Barbarie”, “Esclavitud”, “Mafia”, “Clientelismo”. Y en el medio de esas palabras, tomas registradas de carreros en la calle. Así es el montaje de la versión corta del extendidísimo filme de seis horas (¡seis!) de la película Horses, cuyo título se tiñe de los colores de la bandera argentina. A pesar de ser una palabra en inglés.
La propuesta.
El martes pasado, la película de Juliana Rodríguez se proyectó, bajo una versión de dos horas, en el resto bar Bernardino para dar inicio a la presentación de una iniciativa: juntar 10 mil firmas para presentar un proyecto de ordenanza, al Consejo Deliberante, para prohibir la circulación de vehículos a tracción de sangre en la ciudad de Córdoba. “La idea es acabar con el trato al caballo como un objeto eterno a la esclavitud del Hombre”, puntualizó la Dra. Andrea Heredia de Olazaball en comunicación telefónica con ECOS Córdoba.
La abogada y docente es la presidenta de la Fundación Sin Estribo, institución que impulsa la propuesta. También cuenta con el apoyo de la Mesa de Proteccionistas de Córdoba, SUMA Córdoba, S.O.S.: Animalitos en Riesgo y la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba.
La recolección de firmas apunta al apoyo de un proyecto redactado por la propia Heredia de Olazaball, junto con otras colegas, donde se explicita el modo de frenar la circulación de los carros impulsados por los caballos. Se trataría de una prohibición progresiva, “desde el microcentro hacia los barrios o zonas aledañas”, para que al cabo de 360 días pasados, luego de su aprobación, llegue a su ilegalización definitiva (Art. 2). Durante ese período anual, se llevarían a cabo un programa para definir las zonas de eliminación progresiva, en donde un grupo de “inspectores” deben advertirles a los carreros la pronta prohibición de dicha circulación; un programa de educación, para concientizar a los que manejan alguno de esos vehículos; y un programa de cesión voluntaria, para que los carrreros puedan ofrecer su carro y caballo, y cambiarlos por una bicicleta o motocicleta.
En su artículo 8, se asegura que los niños no podrán conducir ésta clase de carro y que el incumplimiento a esta norma, recibirá como castigo el secuestro del vehículo y el animal.
Además, el proyecto sostiene que la autoridad de aplicación debe estar a cargo de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad. La bióloga Diana Raab, ex directora municipal de prevención y gestión ambiental de la ciudad, remarca que “todo lo que es circulación es de la Secretaría de Transporte, no de Ambiente”. “La municipalidad no tiene una estructura para esto. Tiene experiencia en la incautación de motocicletas y depositarlos en galpones. Pero acá estamos hablando de caballos. No existe un personal especializado en veterinaria en la Municipalidad para semejante cuidado”.
Heredia de Olazaball niega que la Municipalidad no pueda hacerse cargo, como así también asegura que hay especialistas que puedan tratar éste cuidado, y resalta que en el proyecto se le otorga participación a las ONGs registradas. Otro punto: si bien en el artículo 2 habla que la prohibición progresiva llegará “hasta alcanzar todo la superficie del ejido urbano municipal”, Raab resalta que en el artículo 1 no remarca la diferencia entre zona urbana y rural, habla de “todo el ejido de la ciudad”. Es decir, correría el riesgo de abarcar el cinturón verde y demás regiones rurales.
Finalmente, el proyecto asegura que los únicos caballos que podrán circular en la ciudad son los de la policía montada y los que participan en actividades folclóricas, deportivas o culturales.
En definitiva, el proyecto apuntaría a tres cuestiones: acabar con el maltrato animal, otorgar seguridad en el tránsito, ofrecer mejores condiciones laborales y acabar con la explotación infantil.
El trato al maltrato.
Desde la Antigua Grecia que ha habido disputas filosóficas sobre los derechos de los animales bajo el amparo de la ley. Incluso en la Edad Media, los animales eran juzgados, bajo la acusación de haber perpetrado un determinado crimen. Así, un chancho era condenado a la tortura por haber asesinado a una menor de edad. Pero la idea de plantear el maltrato animal como un crimen penal surgió hace muy poco, a mediados del siglo XIX, cuando un grupo de filántropos ingleses crearon en 1824 la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Aplicaron 63 infracciones en ese mismo año y en 1840 la reina Victoria los oficializó como Real Sociedad. Así, la iniciativa se expandió en el mundo en forma tan veloz como el avance de las locomotoras de aquel entonces.
En la Argentina de 1954, se promulgaría la actual Ley Nacional de Protección de Animales (14.346), vulgarmente llamada “Ley Sarmiento”, en honor al cariño que tenía “el padre del aula” por los bichitos. La Ley Sarmiento es el recurso legal que recurre la fundación a la hora de defender los caballos.
La Ley Sarmiento es la herramienta legal más importante, utilizada por los proteccionistas. A partir de ella, se permite la denuncia contra el maltrato animal. En éste caso, el maltrato a los caballos en la calle.
Purrucú Andrada es el presidente de la cooperativa de carreros y recicladores La Esperanza. Padre de familia, 46 años de edad, vive en Villa La Lonja y asegura que habita en una casa hecha de adobe. Al consultarlo sobre éste tema, lo primero que dice lo pronuncia con cierta seguridad: “Estamos en contra del maltrato animal”. Sin embargo, de parte de quien lidera la fundación, asegura que “no conoce del tema de los caballos, ni de la pobreza. A mí no me conoce como para decir que yo maltrato a los animales”.
Y continúa Andrada, refiriéndose a la presidenta de Sin Estribo: “No me parece mal la iniciativa, pero hay otras cosas de maltrato que debería ver. Hay más chicos muertos que caballos muertos. Mi nieto murió por neumococo”.
La cooperativa se creó hace tres años. Hace tiempo que vienen realizando intervenciones frente a la Municipalidad en reclamo de mejores condiciones de vida. Incluso, durante el debate por la privatización de la empresa estatal de recolección de residuos, Crese, el grupo presentó al intendente una alternativa basada en la formación de un circuito de reciclaje, con participación de los carreros.
La relación entre la cooperativa y la fundación ha sido muy conflictiva. De hecho, en mayo de este año, La Esperanza denunció que Sin Estribo incautó una serie de caballos, pertenecientes a la cooperativa. Según Andrada, Sin Estribo se llevó cuarenta caballos. De esos 40, quince fueron devueltos. Heredia de Olazaball niega ese número, acusó a Andrada de “violento” y asegura que hay otra cuestión detrás.
“Detrás de todo esto hay un negocio, que yo no tengo ningún problema en hablarlo”, enfatiza la abogada, como si se tratará de un tema delicado.
– ¿Cuál es ese negocio?
– El negocio de la venta ilegal de animales. ¿De dónde crees que saca a los animales los carreros? Son todos robados. Detrás está el negocio de los animales, el negocio de la basura. ¿Vos sabías que en Córdoba hay 110 basurales a cielo abierto ilegales?
La doctora asegura que en ese negocio no sólo estarían participando los cartoneros, sino también una empresa -“que no voy a decir el nombre”, aclara- en donde se gana un total de 50 pesos por kilo de basura, otorgados por la municipalidad, y que luego tiran la basura en aquellos terrenos ilegales. “¿Te imaginas los millones de pesos que hay detrás de éste negocio?”.
Incluso sostiene la teoría que parte del tráfico de drogas estaría dentro del circuito de los carreros.
Criminalización “indirecta”.
En abril de éste año, el abogado Sergio Job, integrante del grupo de investigación Llano en Llamas, especialistas en conflictos sociales, escribió un artículo denominado “Criminalización indirecta de la pobreza”. Asegura que, como así hay leyes que fueron promulgadas para que el Estado pueda avanzar contra las clases sociales más pobres (como el cuestionado Código de Faltas, acusada por avalar detenciones arbitrarias por parte de la policía) o contra las movilizaciones sociales (la ley nacional anti-terrorista); también existen leyes que proclaman tener un afán altruista y progresista, pero que debido a la vaguedad de los términos en sus textos, en la práctica no se diferencian de las leyes clásicas de criminalización mencionadas. Entre ellos, la Ley Sarmiento.
Según el abogado, la definición de “maltrato”, dentro de dicha ley, se especifica de manera vaga. Sobre la tracción a sangre animal, la ley asegura que un ejemplo de maltrato es “emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas” (Art. 2, inc. 6). “Esta clase de definición legal y su falta de reglamentación, desembocan en una carencia absoluta de criterios objetivos que determinen qué peso es ‘notoriamente excesivo para las fuerzas del animal’, y de este modo sumergen a la ley y su aplicación en un terreno absolutamente discrecional”, asegura Job. “Esta discrecionalidad es la que permite que algunas organizaciones que dicen ser ‘protectoras de animales’, junto al (llamativamente) solícito accionar policial, salgan en una caza desenfrenada de carreros por las calles cordobesas”. El modus operandi inicial de la Fundación Sin Estribo se radica en la recolección de datos otorgados por las comisarías para determinar la cantidad de casos y denuncias presentadas por el maltrato hacia los caballos, para luego recurrir a las fuerzas policiales para llevar a cabo el secuestro de los equinos.
Continúa Job: “Resulta curioso que ninguna de esas organizaciones ‘proteccionistas’ decida denunciar el negocio del Turf, ni los caballos de polo, ni los de salto, ni los de paso, ni los de la policía montada, etc., y concentren su accionar justamente en el único sector social que utiliza los caballos para llevar el pan a su hogar y no como divertimento”.
Finalmente, en materia jurídica, asegura que la ley “se desliza hacia una peligrosa pendiente de inconstitucionalidad, dando prioridad a la protección del animal (supuesta e indeterminadamente maltratado) por encima de otros bienes jurídicos protegidos con jerarquía constitucional, como el derecho a ejercer toda industria lícita, el de circulación libre, de propiedad, la prioridad del interés superior del niño o niña, debido proceso (toda vez que se procede siempre al secuestro del caballo como medida ‘preventiva’ sin nunca llegar a investigar ni demostrar las circunstancias del hecho, ni el dolo del autor); y principios básicos del derecho como el de proporcionalidad, seguridad jurídica o principio de inocencia”.
Al ser consultado, por el presente cronista, sobre la iniciativa actual de Sin Estribo, Sergio Job sentenció: “Detrás de esa iniciativa, se esconde el discurso de lo más fascista que a uno se le pueda ocurrir. Racista y discriminatorio. Acá lo que hay no es una defensa de los animales, porque si no tendrían que luchar contra Monsanto, ya que el modelo sojero corre las fronteras agro-ganaderas y deja a la fauna local sin un lugar a donde vivir. Y en lugar de hacer eso se empeñan en hacer una cacería de brujas contra los carreros, o sea los que están en el sector más golpeado por el sistema económico y por el sistema de gobierno que tenemos”.
El presidente de La Esperanza asegura que la iniciativa de Sin Estribo es parecida a la movida social realizada por Juan Carlos Blumberg: “Al hijo de Blumberg lo mató un delincuente y después de eso vienen a buscar a todos los pobres”. La presidenta de Sin Estribo asegura que el proyecto no pretende criminalizar a la pobreza, “es una ridiculez” sentenció, y que en realidad se trata de una iniciativa con “mirada social” al obligar al Estado amparar a los trabajadores carreros y a los menores de edad.
Los apoyos.
En el momento en que se publica ésta nota, ya se habrán juntado cuatro mil firmas. La iniciativa ha sido repudiada no solo por la cooperativa La Esperanza, sino también por el Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros y Recicladores Carreros en Córdoba, la Cooperativa Reciclado e Inclusión y Carreros Unidos. Heredia de Olazaball asegura que, en realidad, dichas organizaciones no son organizaciones sindicales ni representan a todos los carreros.
Desde su cuenta en Facebook, Sin Estribo asegura que “las instituciones están respaldando nuestro justo reclamo: jefe de bomberos de la Provincia de Córdoba, jefe de Brigada de Materiales Peligrosos, Jefe del Aeropuerto Córdoba y otros jefes de la policía de más alto rango; titulares de cátedra de la Facultad de Derecho de la UNC, profesores, alumnos, autoridades de la Cámara de Comercio y empresarios”. Al consultar a Heredia de Olazaball sobre que “empresarios” apoyan la iniciativa, ella aclara que se trata de empresarios particulares, no de empresas. Pero se niega a detallar los nombres. “Con los nombres de las 10.000 firmas es más que suficiente”.
Chivo expiatorio.
También hay que decir que la fundación está atenta a forjar el primer juicio penal en Córdoba por incumplimiento a la Ley Sarmiento. Se trata de un carrero, acusado de maltratar a una yegua en plena vía pública. La Ley Sarmiento estipula una condena de entre 15 días y un año en prisión. Sin Estribo espera que esto marque un antecedente.
Como cierre, sería útil recurrir a las palabras de Eugenio Zaffaroni, transcriptas en su libro La Pachamama y el humano, en donde asegura que “el poder punitivo del estado moderno no es más que una forma de canalizar la venganza que se racionaliza de muchas maneras y, de ese modo, impedir que se produzca una violencia difusa en la sociedad que, cuando no se canaliza de ese modo, deriva contra un grupo al que se convierte en chivo expiatorio y acaba en una masacre, genocidio o crimen en masa”.
Y cierra Zaffaroni: “Hoy, los animales no son aptos como chivos expiatorios del poder punitivo, sino los humanos inferiores y salvajes, los negros y los latinos de la USA y los inmigrantes en casi toda Europa”.
Blog de Lea Ross... bueno, es lo que hay 