Para el organismo, el campesino Miguel Galván es el único asesinado registrado en el 2012, por parte del Estado. Ya van 17 muertes en la gestión de Cristina Fernández.
Como cada año, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) difundió sus números
estadísticos registrados sobre casos de abuso policial y estatal. “Con estos datos, nos proponemos mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde a una política de estado”, sostiene el documento. “Un estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que, para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión”. Para este año, se registraron 182 casos perpetrados por las fuerzas de seguridad o paraestatales. Entre ellos, el asesinato de Miguel Galván, militante del Mocase vía campesina.
El organismo aclara que “no es un pulido y perfecto trabajo estadístico”, ya que la “creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables”, imposibilita que se lleguen a “conocer infinidad de casos.” Además, aclaran, que es “imposible calcular la ‘cifra negra’ del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura”.
El objetivo de este Archivo- sostiene Correpi, que desempeña esta función desde 1996-, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
El documento hace su crítica a la asunción del “fascista reconocido, ex carapintada” Sergio Berni al ministerio de Seguridad. También señalan que el Plan Nacional de Abordaje Integral, donde se desplegan fuerzas gendarmes y de prefectura en las villas miserias, sirve para “poder ejercer un grado de control represivo aún mayor en los sectores más pobres”.
Sostienen además que todo es en “respuesta (…) ante una realidad que ya no se puede ocultar: la crisis capitalista mundial ha desembarcado en la Argentina”.
También repudia la cobertura de los medios masivos de comunicación, al reflejar las represiones de patotas como “enfrentamientos gremiales”, su “criminalzación” a las protestas, como así también los reclamos de los gendarmes y prefectos, emprendidas este año, al considerarlo como “legítimo reclamo de trabajadores”. Además, Correpi denuncia que los medios ocultan los casos de gatillo fácil y la tortura en las comisarías.
Este año, se registraron 182 casos. Se resalta el caso de Miguel Galván, hasta ahora el único asesinato perpetrado por el Estado, según el organismo. También se toma cuenta el caso de Daniel Solano, desaparecido el año pasado en Río Negro. En octubre de este año, el juicio declaró como culpable a siete policías, acusados de secuestro y asesinato del trabajador salteño y cuyo último rastro fue a la salida de un boliche, en la localidad de Choel Choel.
Los números negros K.
En la era kirchnerista, estos fueron los casos registrados anuales por abuso policial: 2003: 113; 2004: 212; 2005: 228; 2006: 222; 2007: 230; 2008: 235; 2009: 281; 2010: 282; 2011: 239; y 2012: 182.
En la gestión de Cristina Fernández, se registraron 17 muertos por represión por causa de movilizaciones o protestas. La lista, con nombre y apellido, son: Juan Carlos Erazo (2008, Mendoza, trabajador de ajo), Facundo Vargas (2008, Pacheco, marcha contra gatillo fácil), Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, (2010, Bariloche, idem), Mario López y Roberto López (2010, Formosa, corte de ruta qom), Mariano Ferreyra (2010, reclamo por despidos ferroviarios), Bernardo Salgueiro , Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez (2010, masacre del Parque Indoamericano), Félix Reyes, Ariel Farfán, Esteban Méndez y Juan José Velásquez (2011, Jujuy, represión por tierras en Ledesma); Daniel Solano (2011, Río Negro, desaparecido), Cristina Ferreyra (2011, Santiago del Estero, asesinado por sicarios) y Miguel Galván (2012, Santiago del Estero, idem).
Socialismo y ARI.
Al calcular los casos por el índice poblacional, se descubre que Santa Fe y Tierra de Fuego son las dos provincias con más cantidad de abusos registrados por millón de habitantes, gobernadas respectivamente por el socialismo y el ARI. 145.561 casos por millón de habitantes en la provincia santafecina y 134.717 en el caso de la región sureña.